La ley sobre crimen organizado se encuentra en el centro de una intensa disputa política. Por un lado, hay congresistas que defienden su vigencia, mientras que, por otro, gremios de transportistas claman por su derogatoria. Los principales puntos de controversia incluyen el debilitamiento de las facultades para realizar allanamientos y la exclusión del sicariato como parte de los delitos que configurarían una organización criminal.
El Parlamento se encuentra dividido en sus opiniones. Algunos legisladores se muestran dispuestos a aceptar modificaciones a la norma, argumentando que es posible llegar a un consenso. Sin embargo, otros sostienen que la única salida viable es la derogación total de la ley, argumentando que sus implicaciones son demasiado graves para ser ignoradas. Esta falta de unidad complica el panorama legislativo, ya que cada bloque tiene una postura.
El compromiso del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, de dar prioridad a la revisión de la ley de crimen organizado, parece estar cada vez más debilitado. La presión ejercida por los transportistas, que han manifestado su descontento con la norma, ha llevado a Salhuana a reconsiderar su posición, aunque aún no se ha definido un camino claro hacia la resolución del conflicto.
OPINIONES DIVIDIDAS
Esta ley, según el congresista Alejandro Cavero, busca clarificar la definición de organización criminal, estableciendo criterios específicos que eviten la interpretación ambigua que permitía al Ministerio Público actuar de manera discrecional. No obstante, las voces en contra argumentan que estos cambios no solo son insuficientes, sino que ponen en riesgo la seguridad pública y la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad.
