El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, propuso que los procesos judiciales contra policías y militares, que puedan surgir del uso de sus armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, sean traspasados al Consejo Supremo de Justicia Militar. Esta propuesta, anunciada durante el Consejo de Seguridad Ciudadana en Chiclayo, ha suscitado un intenso debate debido a las implicaciones de un posible conflicto de intereses.
La controversia se intensifica al recordar que Santiváñez defendió a expolicías involucrados en el llamado “Escuadrón de la Muerte”, un grupo que, aunque originalmente pretendía combatir la criminalidad, fue señalado por realizar operativos ilegales y asesinar a inocentes. Este escándalo resultó en penas de hasta 35 años de cárcel para los responsables, lo que ha llevado a críticos a cuestionar la imparcialidad de la propuesta.
En respuesta a las críticas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aclaró que la iniciativa no es un proyecto de ley permanente, sino una disposición extraordinaria destinada a aplicarse solo durante los estados de emergencia. Durante la conferencia del Consejo de Ministros, el premier aseguró que esta medida está respaldada por la Constitución y es temporal, enfocándose en 14 distritos de Lima y Callao.
CONTROVERSIA POR PROPUESTA
La propuesta ha generado un amplio debate sobre la justicia y la rendición de cuentas en las fuerzas del orden, lo que pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos humanos. A medida que la situación evoluciona, se espera que se lleve a cabo un análisis más profundo sobre las implicaciones de esta normativa y su impacto en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
