En un contundente comunicado conjunto, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay han expresado su categórico rechazo a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. El TSJ anunció la conclusión de una supuesta verificación de los resultados de las elecciones del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que los países firmantes consideran una maniobra sin sustento para convalidar unos resultados cuestionados internacionalmente.
La comunidad internacional ya había manifestado su desconfianza en la declaración del CNE, que se produjo en un contexto de opacidad. Los representantes de la oposición fueron impedidos de acceder al conteo oficial, las actas no se publicaron, y se rechazó una auditoría imparcial e independiente de los resultados. Esta situación, según los Gobiernos firmantes, representa una seria amenaza a la voluntad soberana del pueblo venezolano y a los principios democráticos que deben regir cualquier proceso electoral.
AUDITORÍA IMPARCIAL E INDEPENDIENTE
Los países que suscriben el comunicado reiteran que solo una auditoría imparcial e independiente, que evalúe todas las actas, garantizará el respeto a la voluntad popular en Venezuela. Además, han expresado su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos que pacíficamente exigen el respeto al voto y el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano.
Este pronunciamiento se suma a la creciente presión internacional para que el Gobierno venezolano respete los principios democráticos y la voluntad de su pueblo, en medio de una crisis política y social que ha captado la atención del mundo.
