El premier Gustavo Adrianzén señaló que el Poder Ejecutivo rechaza el informe de Amnistía Internacional (AI). El documento señala que la presidenta, Dina Boluarte Zegarra, tendría responsabilidad penal en las muertes de manifestantes ocurridas de 2022 a 2023.
"Lo negamos, en principio, más aún cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta de la República una responsabilidad mediata”, sostuvo categórico en entrevista con RPP el titular del Gabinete Ministerial.
NO RESPONDE A ONG
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo también que el mencionado informe de Amnistía Internacional "no hace sino ratificar el sesgo político" con el que fue elaborado; el año pasado, otro documento de dicho organismo internacional "habló de un racismo letal".
Finalmente indicó a Correo que “El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la CIDH”.
