La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano que, “a través de sus tres poderes”, tome las acciones necesarias para que “no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia” al proyecto de ley que establece la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2002.
INFORME
Adicionalmente, solicitó al Gobierno que presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 9 de agosto de 2024.
Por otro lado, deberán continuar informando a la dicha Corte cada tres meses, luego de la remisión del último informe. Esto tendrían que realizarlo hasta que se resuelva su levantamiento.
La Corte IDH también solicitó a los representantes de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos que expongan sus observaciones dentro de cuatro semanas, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado.
Asimismo, se pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se disponga a presentar sus observaciones a los informes estatales, durante un plazo de dos semanas, las cuales serán contadas a partir de la recepción de las observaciones de los representantes mencionados.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY?
El pasado 6 de junio, el Congreso aprobó en primera votación, con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones, un proyecto de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002.
Dicha iniciativa propone que nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos perpetrados antes de julio de 2002.
“Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, se lee en la propuesta aprobada.
