Según un informe revelado por la Contraloría General de la República (CGR), durante el mandato de Pedro Castillo se asignaron de forma directa e irregular más de 76,000 contratos públicos. Estos contratos favorecían a personas y empresas que no fueron sometidas a un debido proceso de licitación.
Para llevar a cabo esta gran ola de corrupción, los funcionarios realizaban adjudicaciones con montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias, permitiendo que los contratos se emitieran de manera directa.
Esta gestión provocó que numerosos contratos públicos fueran otorgados de manera sospechosa y sin la necesaria revisión y competencia. En el mismo periodo, la Contraloría detectó el gasto de más de S/123 millones en 8,441 consultorías durante el año 2022.
PÉRDIDA DE MÁS DE S/24 MIL MILLONES POR CORRUPCIÓN
Solo en el 2022, la corrupción le costó al estado peruano más de S/24 mil 400 millones. Los gobiernos regionales fueron las entidades con mayores registros de este tipo de escándalos, dejando en evidencia un sistema generalizado de corrupción a lo largo de todo el territorio.
