La bancada de Renovación Popular presentó un proyecto de ley para que el Gobierno denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) para que abandone la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La iniciativa -impulsada por el congresista Jorge Montoya- cuenta con el respaldo de otros miembros de su bancada como Milagros Jáuregui, José Cueto, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia y Noelia Herrera.
El proyecto busca que el presidente de la República se pronuncie en un plazo de 30 días y exponga ante el Congreso si denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos o si es que la respalda. Asimismo, precisa que esta denuncia tiene como finalidad salvaguardar la soberanía e independencia del Estado peruano, en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución Política.
Montoya cita el artículo 57 de la Constitución, donde se precisa que es competencia exclusiva de la Presidencia de la República el firmar tratados internacionales como la CADH. A pesar de esto, señala que el Parlamento podría obligar al jefe de Estado a denunciar la convención porque el presidente se encuentra obligado a hacer cumplir las leyes.
“Si bien es verdad que la denuncia del tratado es una competencia exclusiva y excluyente del Presidente de la República, ello no es un obstáculo para que el Congreso de la República, mediante ley aprobada por el pleno, dicte una ley expresa con mandato obligatorio para el Presidente de denunciar la CADH”, indica el texto.
"En caso de que el presidente de la República desestime la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, remite al Congreso de la República un informe sobre las razones que le asisten para considerar que es inoportuna e inconveniente la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos", agrega el documento.
Montoya resalta que denunciar a la CADH permitiría abandonar los fueros de la Corte IDH, ya que el Perú tiene un sistema de justicia consolidado. El portavoz de Renovación Popular enfatiza que dejar la convención americana le daría facultad al país de legislar sobre la pena de muerte como “mecanismo disuasivo para combatir la delincuencia y al crimen organizado”.
En esa línea, señala que se buscaría implantar la pena de muerte para delitos como sicariato, violación de menores, terrorismo y feminicidios.
