El Pleno del Congreso aprobó una la ley que eleva de dos a cuatro años de cárcel la pena por difamación, y pone una espada de Damócles sobre los periodistas que podrían terminar tras las rejas como represalia a sus incómodas denuncias e investigaciones.
Ante ello, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la llamada "ley mordaza" que tendría por finalidad silenciar a los periodistas en sus investigaciones y denuncias públicas que ponen al descubierto actos irregulares.
“Para nosotros es una norma inconstitucional, si es que llega a aprobarse, porque afecta la libertad de expresión en libertad de información y esto es algo importante señalar de los periodistas o de las personas que quieren expresar o dar a conocer algo si no también ciudadanía en general”, señaló Alberto Cruces, adjunto para los Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo.
