El último 14 de abril, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra la congresista de Fuerza Popular, María del Pilar Cordero Jon Tay, por el presunto delito de concusión debido a los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
En poco más de un mes, este el quinto caso de un parlamentario en ejercicio que es investigado por el Ministerio Público por el presunto recorte de sueldos sus trabajadores, reveladas por investigaciones periodísticas.
LAS MOCHA SUELDOS
El primer caso fue el de Magaly Ruiz, de Alianza Para el Progreso, quien fue acusada por Carlos Marina Puscán, de cobrarle S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por ella.
Posteriormente, Rosío Torres, también de APP, fue denunciada por haber obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino, quien es frecuente visitante del Parlamento.
Luego, se reveló que trabajadores del despacho de la legisladora no agrupada, Katy Ugarte, sufrieron recortes de sus sueldos para pagar publicaciones en prensa que mejoraran la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco.
Finalmente, a la lista se sumó Heidy Juárez, de Podemos Perú, que recortaba los salarios para 'pagarle a su primo'. La investigación alcanza también al asesor principal de la parlamentaria, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, como supuesto cómplice del delito de concusión.
