24 Horas Edición Central

01/02/2023

Contraloría recomienda denunciar exfuncionarios de Estado tras contratos irregulares

Además de los gastos innecesarios, la Contraloría determinó que una de las personas contratadas presentó documentos falsos para acceder a la orden de servicio.




Fueron parte del entorno más íntimo del vacado expresidente Pedro Castillo y hoy están acusados de gastar dinero del Estado de forma irregular.

Beder Camacho, exsubsecretario general del Despacho Presidencial junto a Ysmael Mayuri, Herbert Rodríguez y Carlos Muga, exfuncionarios en la gestión de Castillo, contrataron y pagaron servicios no requeridos ni necesarios utilizando dinero del erario nacional, según la Contraloría.

Los gastos no justificados ejecutados por estos funcionarios representaron un total de S/ 108 000, por lo que el órgano de control recomendó denunciar a estos cuatro trabajadores.

A través de cuatro funcionarios se contrataron servicios fotográficos, asistencia en redacción y revisión de contenidos en redes sociales, edición de material gráfico y otras labores para cubrir las actividades del golpista Pedro Castillo, a pesar de que la presidencia de la República ya tiene una oficina de comunicaciones con personal asignado.

En ese sentido, la Contraloría indicó en su informe que los servicios contratados no estaban orientados a cubrir las necesidades de la subsecretaría general.

En el Congreso consideran que Pedro Castillo tenía conocimiento de esta irregularidades.

 

GASTOS INNECESARIOS

Además de los gastos innecesarios, la Contraloría determinó que una de las personas contratadas presentó documentos falsos para acceder a la orden de servicio.

José Luis Cristobal Quispe presentó un certificado de trabajo falso donde indicaba tener dos años y 11 meses laborando en una empresa fotográfica pero solo había trabajado seis meses.

El otro trabajador es Franco Pomalaya Neyra, recordado por un acto de agresión a una reportera durante una cobertura en una actividad oficial, quien logró obtener S/ 50 400 por sus servicios brindados.

Según la Contraloría, en ambos casos, Palacio de Gobierno no consultó ni cotizó los servicios de otros profesionales sino que se solicitó específicamente la contratación de estos dos locadores de servicios.


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