El Gobierno de Pedro Castillo insiste en acabar con la libertad de información. El Ejecutivo presentó formalmente ante el Congreso el proyecto de ley que busca penalizar las filtraciones de documentos sobre investigaciones penales.
La iniciativa plantea la creación del delito de difusión de información reservada en la investigación penal y propone entre 2 y 4 años de prisión para los fiscales y jueces que difundan información reservada.
¿CUÁLES SON LAS POSTURAS DEL CONGRESO?
Perú Libre se mostró a favor del cuestionado proyecto de ley. En Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante rechazó la propuesta del Ejecutivo.
Sin embargo, lo que el congresista Muñante no mencionó fue que él mismo votó a favor de un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia referido a la colaboración eficaz que sanciona con prisión a los funcionarios públicos que filtren el contenido de los colaboradores eficaces, de igual manera sanciona a quienes publiquen dicha información, es decir, medios de comunicación y periodistas.
El proyecto de ley del Ejecutivo fue presentado justo cuando diversos altos funcionarios e incluso el presidente Pedro Castillo son investigados por presuntos actos de corrupción.
Si esta norma se aprueba la ciudadanía no podría conocer los detalles de las investigaciones ya que el periodismo tendría limitaciones para acceder a información relevante debido a que sus fuentes estarán bajo amenaza de un proceso penal.
