La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) mostró su rechazo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la República, que tiene como propósito sancionar la difusión de información reservada en una investigación.
“La Asociación Internacional de Radiodifusión manifiesta su grave preocupación y rechazo frente al proyecto de ley presentado por el Gobierno del Perú ante el Congreso de la República, por el cual se propone castigar con hasta 4 años de prisión a los jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos que entreguen o faciliten información sobre casos penales en etapa de investigación en el Ministerio Público”, indicó la entidad mediante un comunicado.
La AIR subrayó que, de aprobarse la iniciativa, tendrá un efecto de restricción en el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de información, y señaló que esto significaría nuevos obstáculos para que los periodistas puedan cumplir su labor de transmitir información fidedigna.
“... colocando nuevos obstáculos para impedir que periodistas y medios de comunicación, y por consecuencia directa la sociedad peruana, puedan tener acceso a información fidedigna sobre causas judiciales de interés público, junto a la amenaza de sufrir eventuales procesos o sanciones por ejercer sus tareas de investigación periodística”, se lee en el pronunciamiento.
En tanto, la organización también recordó que este proyecto de ley se presenta en el contexto de la investigaciones que se realizan al presidente de la República, Pedro Castillo, y a exfuncionarios por presuntos actos de corrupción.
Además, la Asociación Internacional de Radiodifusión expresó su respaldo la Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV y exhortó al Congreso de la República a rechazar y archivar la propuesta del Ejecutivo.
PROPUESTA
Como se recuerda, el último viernes 24 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció que se presentó el proyecto de ley que busca sancionar, en algunos casos, la difusión de información reservada hasta con 4 años de prisión efectiva.
