El presidente Pedro Castillo no ha respetado el juramento que él mismo realizó en la denominada "Proclama Ciudadana" durante la campaña de la segunda vuelta electoral, juramento que incluso tuvo como garante a la Iglesia Católica y que fue transmitida en vivo y en directo a todo el Perú.
Juró ante todo el Perú cumplir y respetar sus compromisos, pero hasta el momento ha demostrado con sus actos que las promesas no tienen ningún valor.
Un ejemplo claro de esto es su promesa de no interferir en la labor de la Fiscalía. Sin embargo, el Perú entero fue testigo de cómo Palacio de Gobierno no permitió en dos ocasiones que un equipo de fiscales ingrese a la oficina de la secretaría de la presidencia para realizar diligencias en un caso de presunta corrupción.
Pedro Castillo también juró respetar la libertad de expresión, pero se trata de una falsa promesa pues solo durante este año se han registrado 74 ataques a periodistas en todo el país, ataques ligados a instituciones públicas.
Pero, además, desde que Pedro Castillo asumió el cargo de presidente, se ha visto cómo portátiles del Gobierno han hostigado a reporteros e incluso se les ha agredido en presencia del mandatario.
Por último, el presidente Pedro Castillo también juró respetar la institucionalidad y meritocracia de las fuerzas armadas y policiales, sin embargo, la Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el jefe de Estado por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal por la presunta injerencia en ascensos militares. Sin embargo, esta investigación fue suspendida por Zoraida Avalos, la ex fiscal de la Nación.
A pesar de que el jefe de Estado no ha cumplido con su palabra, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró que estos compromisos públicos sí sirven.
Del mismo modo, Pedro Castillo juró respetar la constitución. No obstante, el presidente no ha cumplido pues envió un proyecto de ley al Congreso para realizar un referéndum y convocar a una asamblea constituyente, mecanismo inexistente en nuestra carta magna y que según los expertos es claramente inconstitucional.
