Cualquier ciudadano que se considere directamente agraviado puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado, incluyendo el presidente de la República.
El Decreto Supremo del Gobierno que dispuso la inmovilización social en Lima y Callao sigue generando polémica. Para la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, la medida tomada por el presidente Pedro Castillo es inconstitucional y provocó perjuicio en la población.
El martes el mandatario Pedro Castilloanunció que la norma sería derogada y se retiró del Parlamento antes de que la reunión termine y aseguró que debía firmar el documento que oficializaba su decisión.
PEDRO CASTILLO NO FIRMÓ LA RESOLUCIÓN
Sin embargo, las horas pasaron y la resolución nunca se emitió. El primer ministro Aníbal Torres trató de justificar la actitud poco transparente del jefe de Estado. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, el toque de queda que impuso el gobierno es inconstitucional.
El exoficial mayor del Congreso, José Élice, quien considera que el Decreto Supremo del Ejecutivo sí es constitucional, indicó que en caso se denuncie al presidente Pedro Castillo ante la Subcomisión de acusaciones constitucionales, el proceso demorará al menos dos meses.
Cualquier ciudadano que se considere directamente agraviado puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado, incluyendo el presidente de la República.
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