El jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, recordado primo del ex presidente del Congreso, Pedro Olaechea, cuya designación como magistrado del Tribunal Constitucional duró 9 meses luego que fue anulada por el parlamento en mayo del 2020, denunció penalmente al presidente Francisco Sagasti , por el presunto delito de instigación a la voluntad popular, además, fueron denunciados la premier Violeta Bermúdez y los magistrados del Jurado Nacional de elecciones, Jorge Salas Arenas, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez.
Ante esta denuncia, la abogada penalista, Romy Chang, el tipo penal de la denuncia no encajaría dentro de lo descrito por Ortiz de Zevallos quien en una entrevista a un periódico dijo “Sagasti ha cometido el delito explícito según el artículo 24 del código penal, que le confiere calidad de autor al instigador. Cuando el jurado de elecciones está en plena deliberación, él dijo públicamente que el proceso electoral era limpio, transparente y sin mancha, no afecto a fraudes electorales. Él no puede pronunciarse en pleno proceso electoral ni a favor ni en contra”.
Asimismo, la denuncia incluye cargos por “impedir u obstaculizar la aportación y la actuación de las pruebas ofrecidas por la parte que se considera perjudicada”, “negativa a administrar justicia”, por señalar que el sistema electoral no puede procesar un gran número de impugnaciones, así como por prevaricato y omisiones impropias.
