El último lunes se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que da la razón a la empresa Telefónica del Perú y que evita que dicha compañía pague 729 millones de soles de intereses moratorios que mantiene con la Sunat.
La ciudadanía, los pequeños empresarios y emprendedores, consideran que la sentencia del TC no es la adecuada porque se repetiría la historia en la que los poderosos se libran de sus deudas, sin embargo, en este caso los expertos señalan que la demora del propio Estado es la que generó este resultado.
¿CÓMO SE ORIGINÓ?
El caso empieza con un reclamo de Telefónica del Perú contra la Sunat y el Tribunal Fiscal por el cobro de intereses moratorios, por una multa impuesta en el 2011.
Los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón, Carlos Ramos, Augusto Ferrero Costa y Eloy Espinosa-Saldaña votaron a favor de la empresa española, indicando que la demora de siete años de parte del Tribunal Fiscal es una vulneración al derecho a tener respuesta en un plazo razonable, plazo que es de un año.
Sin embargo, esto no quiere decir que Telefónica del Perú no tenga que pagar absolutamente nada, pues la empresa deberá pagar la multa impuesta más los intereses moratorios hasta el 2013.
Por su parte, Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional quien votó en contra del amparo solicitado por Telefónica, indicó que las grandes empresas deberían contribuir al sostenimiento de los gastos públicos sin hacer abuso del derecho de reclamar ante las instancias judiciales.
