A través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, el Ejecutivo presentó hoy una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N°31083, que dispone un régimen especial facultativo para la devolución de fondos a los aportantes activos e inactivos. Todo esto bajo el decreto Ley 19990 administrados por la ONP.
El procurador Luis Alberto Huerta Guerrero fue quien presentó la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional. Dicha solicitud alega que la norma que dispone la devolución de los fondos administrados por la ONP afecta el derecho a la pensión y el carácter intangible de los fondos para el pago de pensiones.
Además, se indica que la ley debilita el Sistema Nacional de Pensiones, que funciona como un “fondo de reparto solidario”, en donde la concesión de pensiones se financia con lo recaudado por el aporte de los afiliados activos. "Si este fondo se emplea para dar cumplimiento a la ley, se pondría en riesgo el pago de pensiones", advirtió.
Separación de funciones
Por otro lado, el Gobierno sostiene que la norma promulgada por el Congreso de la República va contra el artículo 43 de la Constitución Política, la cual reconoce el principio de separación de funciones, que comprende la obligación de cooperación entre órganos constitucionales.
