Después de que fuese observada por el Ejecutivo, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó insistir en el dictamen que busca sancionar el acaparamiento y la especulación con una pena privativa de la libertad de hasta 6 años.
Al respecto, el economista Carlos Adrianzén sostuvo que este proyecto de ley iría en contra del modelo económico peruano: "Es definitivamente inconstitucional, no cuadra con el régimen económico de la constitución"
Asimismo, aseguró que de aprobarse podría afectar a los pequeños negocios, pese a que los congresistas hayan manifestado que el proyecto de ley busca evitar que las empresas grandes aprovechen la coyuntura para elevar los precios. Esto último debido a que esta ley no hace referencia a productos específicos, ni parámetros de precios.