El último miércoles el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones generales, lo cual implica que el mandato presidencial acabe el 28 de julio de 2020.
Tras ello y ante la posibilidad de múltiples escenarios el panorama político de nuestro país es incierto. Por ejemplo, varios congresistas han solicitado la renuncia de Martín Vizcarra y si en caso él y la vicepresidenta Mercedes Aráoz toman esta decisión, la presidencia sería asumida temporalmente por Pedro Olaechea, nuevo titular de la Mesa Directiva, quien tendría que convocar a votaciones.
Sin embargo, también puede surgir la posibilidad que Aráoz desista de seguir los pasos del jefe de Estado y asuma el poder como corresponde.
Recordemos el caso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando se esperaba un pedido de vacancia en su contra y el silencio del primer vicepresidente por aquel entonces, Martín Vizcarra, llevó a una serie de especulaciones sobre si seguiría a PPK en una renuncia como lo señaló la segunda vicepresidenta o se quedaría al mando.
Cabe mencionar que la renuncia no es el único escenario posible porque el actual mandatario podría presentar una cuestión de confianza sobre el adelanto de elecciones. “El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el Poder Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza sobre proyectos de ley en muy amplia forma”, señaló Luciano López, abogado constitucionalista.
Por su parte el también letrado Enrique Ghersi, considera que Vizcarra podría utilizar este instrumento político. “¿El presidente tiene el derecho de presentar una reforma constitucional? La respuesta es sí. ¿El presidente tiene derecho a hacer cuestión de confianza de una reforma constitucional? Según el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 006 que dictó no hace mucho tiempo también el presidente tendría derecho de hacer cuestión de confianza de cualquier cosa”, expresó.
Otro panorama sería que el Parlamento otorgue la confianza, pero insistir en no aprobar la iniciativa planteada podría ser interpretada como una denegación y el jefe de Estado estaría en la facultad de disolver el Legislativo.
Sin embargo, ello fue desestimado por Ghersi, quien precisó que en estos casos no se está sujeto a plazo ni interpretaciones o condiciones.
