La reciente salida de 130 trabajadores del Congreso, entre ellos 100 militantes de Fuerza Popular se ha convertido en tema de discusión en el Parlamento.
La congresista Úrsula Letona sostiene que se trataría de discriminador contra su agrupación política, esto debido a que en este grupo de trabajadores sin contrato renovado se encuentran dos abogadas que trabajan activamente para el fujimorismo.
Se trata de Leny Palma y Melissa Sánchez de la oficina de Participación, Proyección y Enlace Ciudadano, a las que se buscaría reponer en sus cargos.
Sin embargo congresistas de otras bancadas respaldan la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, debido a que entre esas personas se encontraban trabajando familiares, como hermanos y esposos.
El congresista Mulder por su parte sostiene que el nepotismo debe ser rechazado, mas no darle trabajo a militantes de distintos partidos en el parlamento.
La mayoría se mostró a favor de que se realice una auditoría de contrataciones realizadas en gestiones anteriores a la de Daniel Salaverry.
