Las discrepancias no cesan en los pasillos del Congreso de la República, luego que el último martes gran parte de los integrantes de la comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria aprobaran esperar la opinión de la comisión de Constitución para definir la situación del parlamentario Edwin Donayre, a fin de que se cumpla la sentencia de 5 años de prisión por el caso Gasolinazo.
Al ser consultado sobre el tema, Hernando Cevallos, lo catalogó de un blindaje. “No puede ser que uno blinde a un congresista por hechos anteriores. La inmunidad es para proteger al congresista, no por ilícitos cometidos antes de ser congresista”, precisó.
En tanto, Úrsula Letona, manifestó que existe un vacío para definir en qué casos se debe levantar la inmunidad parlamentaria.
“A la comisión de Constitución le corresponde decir qué es lo que dice el reglamento y si la comisión de Constitución dice que tiene que haber sentencia firme o consentida, se procedería al levantamiento”, indicó.
Siguiendo un lineamiento similar, Juan Sheput, consideró que es necesaria la consulta al grupo de trabajo que preside Rosa Bartra.
“La comisión de Constitución tiene que evacuar este informe para evitar la dilatación innecesaria. En honor a la verdad existe un precedente que mientras no sea cosa juzgada no se puede levantar inmunidad. Eso lo tiene que determinar la comisión. Espero que lo haga a la brevedad”, acotó.
Para el constitucionalista, Víctor García Toma, el análisis en el Parlamento sobre este caso deberá ser evaluada con detenimiento para no caer en la impunidad.
