A lo largo de estos años varios megaproyectos se han visto inmersos en temas de corrupción y uno de ellos es concerniente a Olmos, en la región Lambayeque, donde esta obra que tenía como finalidad irrigar las áridas tierras de este sector del país, está salpicada por el escándalo Lava Jato y que tiene en la mira a dos expresidentes de la República que podrían ser investigados por el Ministerio Público.
Según el informe elaborado por la comisión Lava Jato del Congreso, Pedro Pablo Kuczynski, habría incurrido en delitos en el marco de la ejecución de este proyecto. Todo habría iniciado cuando la empresa Westfield Capital (propiedad de PPK), el Banco de Crédito del Perú y Odebrecht suscribieron un contrato de asesoría para diseñar la estructura financiera de la mencionada obra en Olmos.
En esta parte, la compañía de Kuczynski, propuso emitir y colocar bonos corporativos. “Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Yo me separé totalmente de la empresa. No participé en ninguna decisión”, indicó en su momento el exmandatario.
Sin embargo, el problema radica que PPK promulgó normas que sirvieron para facilitar la ejecución de la propuesta que Westfield Capital había diseñado para Odebrecht, cuando ocupaba altos cargos en el Gobierno.
Uno de estos favorecimientos consistió en otorgar una garantía soberana por más de 400 millones de dólares a favor de la concesionaria y una garantía de riesgo con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) por 28 millones de dólares. Aunque esta clase de acciones son comunes, lo alarmante es que lo hecho por Pedro Pablo Kuzcynski encajaba con lo diseñado por su empresa.
Otro presidente que se ha visto inmerso en el escándalo por el proyecto Olmos es Ollanta Humala, pues existirían indicios de una negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, debido a que durante su gestión habría autorizado la transferencia de más de 132 millones de soles al gobierno regional de Lambayeque para pagar un supuesto perjuicio económico a Odebrecht por unos estallidos de rocas generados por la construcción del túnel Transandino que forma parte de la megaobra.
Ello presuntamente generó una demora con el cronograma del trabajo de la constructora brasileña. Sin embargo, el problema fue que aunque no se definieron cuáles fueron los presuntos daños igual se realizó el pago.
Ahora tras darse a conocer lo investigado por los integrantes de la comisión Lava Jato del Congreso de la República, está en manos del Ministerio Público si recoge dicha información y comienza a tomar las acciones del caso.
