De los 18 candidatos a gobernador regional de la región Lima, dos lograron pasar a la segunda vuelta. Se trata de Javier Alvarado Gonzales del Valle, de Patria Joven, y Ricardo Chavarría , de Fuerza Regional, quienes se enfrentarán este domingo en las elecciones.
El problema es que la campaña de Alvarado no es una campaña común y corriente, ya que el candidato se encuentra escondido en la clandestinidad debido a una orden de captura en su contra.
Este año el Poder Judicial declaró culpable en segunda instancia a Alvarado por el delito de peculado doloso y fue condenado a seis años de prisión efectiva por apropiarse de más de 4 millones de soles mientras se desempañaba como alcalde provincial de Cañete. Hoy Alvarado se encuentra prófugo mientras compite por el cargo político más importante de la Región Lima.
En noviembre, el colectivo anticorrupción de Lima solicitó la exclusión de Alvarado del proceso, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente este pedido, en tanto que Alvarado ha presentado un recurso de casación contra la sentencia.
Lamentablemente, los delitos de corrupción no son los únicos que ensombrecen la segunda vuelta de las elecciones regionales.
Carole Marion, una mujer de nacionalidad francesa, denuncia haber sido violada por Elmer Cáceres Llica, uno de los dos favoritos al puesto de gobernador regional de Arequipa.
Marion denunció que en el año 2004, mientras se encontraba realizando sus prácticas universitarias en el Colca, conoció a Cáceres, quien por ese entonces era alcalde de Caylloma, y se ofreció a llevarla a su casa luego de un festival. Una vez allí, Cáceres habría consumado la agresión sexual.
Sin embargo, esta no sería la única denuncia de violencia sexual que pesa sobre un candidato a la gobernación regional.
Servando García Correa, candidato al sillón regional de Piura, enfrenta una acusación por presuntamente haber dopado y violado a una menor de edad de 17 años en 2014.
Actualmente la legislación electoral no establece la posibilidad de excluir del proceso electoral a candidatos con denuncias penales, a menos que exista una sentencia firme e inapelable en su contra.
Hasta ahora, al menos 15 funcionarios municipales y regionales han sido detenidos por las autoridades.
