Era el 19 de febrero de 2009, cuando el ex mandatario Alan García convocó a una sesión extraordinaria del consejo de ministros, esta reunión tenía un solo punto de agenda; aprobar el Decreto de Urgencia Nº 032 – 2009. Esta norma permitió que sea el estado quien asuma el costo de la obra y no la empresa contratista como disponía la ley.
De esta forma el consorcio Tren Eléctrico Lima, que estaba conformado por Odebrecht además de Graña y Montero, pudo elevar los costos del contrato prácticamente a su antojo.
Desde otro frente, la Contraloría General de la República advirtió en su momento, a través de cuatro informes, sobre posibles aumentos injustificados al valor referencial de la obra.
Lo que finalmente ocurrió es que, tras varias adendas, la ejecución del tramo 1 de la obra terminó costando más de 100 millones de dólares más de lo que inicialmente se había planteado. Por otro lado, el tramo 2 de la obra terminó costando más de 300 millones de dólares más de lo contemplado.
Estos aumentos eran aprobados por una larga lista de funcionarios, en algunos casos la aceptación de los incrementos, que finalmente favorecían a las consorciadas, se aprobaban de una manera extraordinariamente rápida.
El parlamentario Andrés García Belaunde indicó que “a través de la coima Odebrecht no solo se adjudicaba la obra y la subía cuantas veces creía conveniente, sino que además hacía lo que quería. Subía el precio y bajaba la calidad de la obra”.
Pero Odebrecht no habría sido la única en haber estado involucrada en estos acuerdos ilícitos; la otra consorciada, Graña y Montero, cedió utilidades de la obra por supuestos ‘riesgos no previstos’, en este caso Graña y Montero cedió el 3.4 % de sus utilidades a Odebrecht. Según García Belaunde esta “sesión de utilidades es simplemente un pago disfrazado de la parte proporcional que Graña tenía que pagar por la coima”.
El año pasado Jorge Barata confesó ante la fiscalía haber pagado más de ochos millones de dólares a ex funcionarios para que faciliten la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la obra. Estas coimas fueron depositadas a cuentas de empresas ‘offshore’ del ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y a otras personas de su entorno. Los mismos que hoy cumplen prisión preventiva.
Por su parte, el informe Lava Jato de la comisión investigadora del Congreso ha encontrado indicios de responsabilidad penal en alrededor de 15 personas por esta obra, entre ellos figura el ex misnitro de Transportes, Enrique Cornejo. Sin embargo, en la lista de acusados hay una gran ausente: el ex mandatario Alan García.
El congresita García Belaunde señala que el ex presidente aprista no fue considerado en este informe por decisiones políticas de algunos miembros de la comisión. Según este informe, la corrupción en este caso le habría causado un perjuicio al estado de cerca de 147 millones de dólares.
