Con adendas y permisos que habrían beneficiado en exceso y sin explicación a la empresa brasileña OAS, otra de las protagonistas del escándalo Lava Jato, se ha puesto una vez más sobre la lupa las gestiones de los ex alcaldes Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio.
Y es que el informe Lava Jato del Congreso ha recomendado a la Fiscalía denunciar a estos dos ex burgomaestres por los presuntos malos manejos en los contratos de la ‘Línea Amarilla’ y ‘Vías Nuevas de Lima’.
En el caso del primer proyecto, en marzo de 2009, la empresa OAS propuso como iniciativa privada la obra Línea Amarilla. Esta consistía en la operación y mantenimiento de 16 kilómetros que iban desde el cruce de vía Evitamiento con Javier Prado hasta el cruce de la Panamericana Norte con la avenida Habich.
Esta obra fue entregada a OAS por adjudicación directa durante la primera gestión de Castañeda Lossio. Sin embargo, el primer hecho cuestionable sobre este proyecto ocurrió el 13 de febrero de 2013, durante la gestión de Susana Villarán, cuando OAS y el municipio, que era representado por el gerente de promoción de la inversión privada, Domingo Arzubialde, suscribieron una adenda al contrato con el que se extendía el plazo de la concesión de 30 a 40 años. De esta forma OAS tendría una década más para seguir cobrando peajes en las rutas que comprende la megaobra.
Este no fue el único acuerdo que beneficiaría a OAS y que perjudicaría a los ciudadanos limeños. Originalmente se había establecido que el cobro de peajes iniciaría cuando la obra este avanzada en un 70%, pero con las modificaciones de la adenda este cobro se adelantó al 10 de octubre de 2013. Cuando llegó este día la obra no estaba avanzada ni en un 25%, pero los cobros se iniciaron de todos modos.
Hay más, los indicios de corrupción se fortalecieron gracias a la declaraciones del colaborados eficaz brasileño, Roberto Trombeta, quien reveló que OAS había desviado fondos de más de 6 millones de dólares presuntamente para pagar sobornos.
Hoy la concesión de Línea Amarilla se encuentra a cargo de la compañía francesa Vinci Highways, la que adquirió las acciones de OAS luego de desatado el escándalo.
