Las investigaciones por el caso Cócteles no se detienen, pues el fiscal José Domingo Pérez encabezó el allanamiento al estudio de abogados Oré Guardia, ubicado en el distrito de San Borja, en el marco de las diligencias por lo aportes que recibió el partido Fuerza 2011 (Fuerza Popular).
Durante las diligencias se incautó registros contables debido a que testigos protegidos vincularon al mencionado bufete con la compra de testigos.
“La investigación se está realizando en este extremo por el delito de obstrucción a la justicia, es decir, como se ha dado cuenta en las audiencias públicamente han habido abogados que han sido puestos precisamente para que se manipule el testimonio de los aportantes para que se den declaraciones que no son exactas, que son falsas”, señaló el fiscal Pérez.
Por su parte, Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, consideró el allanamiento como un exceso, a pesar de que la diligencia tenía la autorización del juez Richard Concepción Carhuancho.
“¿Por qué tiene que ir a la oficina del abogado a tratar de conseguir esta información? Esto es algo que sobre todo llama poderosamente la atención, no solamente el pedido del fiscal que es ilegal sino más aún la resolución dictada por un juez”, expresó.
Sin embargo, esta no fue la única crítica, pues María Elena Portocarrero, decana de la CAL, también se pronunció. “Como gremio actuamos en defensa y protección de los derechos de los abogados y al legítimo ejercicio de la profesión, combatiendo frente a todo abuso que limite su desempeño”, indicó.
En tanto, César Azabache, ex procurador anticorrupción, calificó la diligencia de la Fiscalía como inaceptable. Cabe mencionar que el plazo de allanamiento al estudio de abogados Oré Guardia es de 48 horas, donde las autoridades esperan hallar pruebas de una presunta obstaculización de la justicia a través de la declaración de falsos aportantes.
