Los representantes de las empresas peruanas asociadas a Odebrecht tendrían las horas contadas. A través de su cuenta de twitter, el Ministerio Público señaló que ha solicitado prisión preventiva para 5 directivos de estas empresas.
El Ministerio Público mediante un documento oficial dirigido al Poder Judicial, solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Alejandro Graña Miró Quesada, ex presidente del directorio de Graña y Montero; Gonzalo Ferraro Rey, ex presidente ejecutivo de esta misma empresa; Hernando Alejandro Graña Acuña, ex director también de Graña y Montero, Fernando Martín Gonzalo Camet Picone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales y José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
El abogado penalista Julio Rodríguez, atribuye este pedido de prisión preventiva a una “incipiente versión primigenia de Barata, donde se corroboraría lo que habría dicho el señor Marcelo Odebrecht cuando afirmó de manera enfática que sus socios peruanos, es decir las empresas locales, tenían pleno conocimiento de los pagos ilícitos que se hacían a funcionarios públicos”.
En el Congreso se respaldó el avance de las investigaciones a pesar de que las consideraron tardías. El congresista Mauricio Mulder barajó la posibilidad de que estas personas puedan acogerse a la figura de la confesión sincera. Para la congresista Lourdes Alcorta, esta solicitud es el resultado de la denuncia constitucional del fujimorismo contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.
Este pedido de prisión preventiva por 18 meses será resuelto en audiencia pública este domingo a las 9 y 30 am por el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, en la Sala Penal Nacional.
