24 Horas Edición Central

24/01/2017

¿Por qué los detenidos por corrupción deben ser recluidos en penales de máxima seguridad?

Tras la reclusión de Edwin Luyo, exfuncionario vinculado al caso Odebrecht, conozcamos por qué los detenidos por casos de corrupción deben ser internados en penales de máxima seguridad.




Tras la reclusión en Piedras Gordas de Edwin Luyo, exfuncionario vinculado al caso Odebrecht, conozcamos por qué los detenidos por casos de corrupción deben ser internados en los penales de máxima seguridad. En diálogo con 24 Horas, el abogado Luis Lamas Puccio absuelve esta interrogante.

“Podrían subsistir algunos intereses y estas personas podrían ser eliminadas para que no develaran información que pudiera comprometer a otras personas. Esas personas no pueden estar en una cárcel como si estuviera cualquier delincuente común, porque esas personas tienen información valiosa”, señala el letrado.

Existe la posibilidad de que en los días siguientes se detenga a más vinculados en el cobro de sobornos de la empresa brasilera. Por ello, la importancia de saber dónde serán internados. Además, los procesados por corrupción podrían acogerse a las figuras de colaboración eficaz o confesión sincera.

Por tal motivo, Lamas Puccio explica que el trabajo integrado de las entidades del Estado será crucial en este proceso de investigación, que recién empieza con la captura de los implicados.

“INPE, Procuraduría, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía, porque además tienen otras dimensiones complejas porque son actividades transnacionales. Todo un conjunto y un universo de circunstancias que requieren muchas sutilezas para poder configurar una responsabilidad de carácter penal”, señala el abogado.

Recordemos que en la década del 2000 fue el desaparecido penal San Jorge que albergó a los presos por corrupción del gobierno de Alberto Fujimori. Hoy, el penal Piedras Gordas 1 de Ancón, en el que fue confinado este lunes Edwin Luyo Barrientos, parece ser el futuro destino de decenas de ex funcionarios que próximamente serían detenidos por la justicia.


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