Integrantes de la Comisión Lava Jato del Congreso exigieron la anulación del contrato del Gasoducto Sur Peruano suscrito con la empresa Odebrecht. Esta propuesta surge a pocos días de cumplirse el plazo para que la empresa brasileña presente al Estado peruano un financiamiento aprobado por bancos internacionales para continuar con la construcción del megaproyecto, que hasta el momento presenta un avance del 35%.
"Hay normas legales que amparan esas decisiones que pueda tomar el Gobierno, porque se está demostrando, hay una investigación, de actos de corrupción, entonces significa que estos contratos nacerían nulos, ya que hubieran estado llenos de vicios por actos de corrupción, porque son sobornos", aseguró la congresista Karina Beteta.
Para Pedro Olaechea, pese a que el Perú estaría en la facultad de declarar la anulación de la concesión y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato del Gasoducto Sur Peruano, la decisión podría afectar seriamente nuestros intereses y perjudicarnos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Por ello, el legislador oficialista propone dejar que Odebrecht venda sus activos, pero las ganancias que obtenga de la venta de estas deben permanecer congeladas hasta que la justicia peruana determine responsabilidades en el caso Lava Jato.
"Quién da la autorización y qué dictamina el juez sobre un bien embargado, que ese dinero se empoce en el banco de la Nación con el mismo embargo, terminada las acciones judiciales y habiendo las multas y penalidades, el juez señala el bien libre que es el dinero y lo toma, entonces hagamos las cosas bien", expresó el parlamentario de Peruanos por el Kambio.
Con la propuesta hecha, las iniciativas de otros parlamentarios también se hicieron escuchar. En el Frente Amplio y la cédula parlamentaria aprista fueron claros al señalar que, pase lo que pase, el Estado peruano debe tomar parte de lo que ocurra con Odebrecht.
