La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Perú pagar 350 mil dólares a los exlegisladores Carlos Alberto Canales Huapaya y José Castro Ballena, que fueron cesados en el autogolpe de Fujimori en abril de 1992.
Asimismo, María Gracia Barriga recibirá 90 mil dólares de compensación. La corte determinó que nuestro país violó los derechos a las garantías judiciales y la protección de los extrabajadores.
Como se recuerda, fueron cerca de 1700 las personas que fueron cesadas del Congreso en aquella época. Alan García también apeló al hábeas corpus el año 2014. En esa ocasión, el Poder Judicial le dio la razón al expresidente y ordenó a la Megacomisión que presidía el congresista Sergio Tejada que volviera a foja cero todo lo investigado por haber violado el debido proceso y no respetar el derecho a defensa del ex mandatario.
