En su resolución, el Ministerio Público ordena archivar la investigación que se le seguía al parlamentario de Fuerza Popular, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible.
El Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, en su decisión final, no habría tomado en cuenta las pruebas que los medios de comunicación difundieron, como audios, que el legislador aceptó que era su voz y ofreció disculpas.
El congresista fujimorista, propietario de la compañía Jaamsa, le habría vendido al Estado a través de una empresa de fachada, Copy Depot, pese a estar prohibido por ley.
Julio Gagó Pérez fue suspendido 120 días por este caso y se encuentra pendiente resolver una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
