El Poder Judicial mantiene en evaluación un segundo pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso hace una semana. La solicitud, presentada por la Fiscalía de la Nación, plantea que la exmandataria no abandone el territorio nacional durante un plazo de 18 meses, en el marco de una investigación por presunto delito de negociación incompatible.
A diferencia del primer pedido —rechazado el miércoles por otro juez supremo y que estaba vinculado al caso de lavado de activos—, esta segunda solicitud fue revisada por el magistrado Juan Carlos Checkley, quien anunció que tomará algunos días para emitir su resolución. Checkley es conocido por haber respaldado en diversas oportunidades requerimientos del Ministerio Público relacionados con detenciones preliminares y prisiones preventivas en casos de alto perfil político.
Durante la audiencia realizada el jueves, Boluarte no se presentó ante el tribunal. Su abogado, Juan Carlos Portugal, argumentó que decidió recomendarle no participar para “evitar exponerla públicamente”, aunque el proceso se desarrolló de manera reservada y sin presencia de medios. El Ministerio Público sostiene que esta medida restrictiva busca garantizar que la exjefa de Estado permanezca en el país y cumpla con las investigaciones abiertas en su contra.
La situación judicial de la expresidenta continúa siendo compleja. Además del caso de negociación incompatible, enfrenta indagaciones por el denominado “caso Rolex”, las cirugías estéticas realizadas durante su mandato y el uso irregular del cofre presidencial. Sin embargo, la investigación más sensible sigue siendo la relacionada con las muertes registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, que dejaron más de 50 fallecidos y marcaron uno de los capítulos más graves de su gobierno.
