Durante la audiencia judicial en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, se produjo un momento de tensión entre el fiscal Germán Juárez Atoche y el abogado defensor del exmandatario. El incidente ocurrió cuando el fiscal leía una transcripción de audio en la que se menciona indirectamente a Vizcarra con el apelativo de "lagarto", lo que provocó la inmediata protesta de la defensa legal. El juez a cargo intervino para pedir mesura y orden en la exposición del representante del Ministerio Público.
Apelativo polémico y argumentos de la Fiscalía
El fiscal Juárez justificó la mención señalando que solo estaba citando textualmente un documento vinculado a otro proceso, pero el abogado de Vizcarra exigió que se evitara el uso de sobrenombres, aduciendo que su patrocinado no se identifica con ese alias. A pesar del reclamo, el contenido del audio —ya difundido anteriormente en un programa dominical— hacía referencia a un "lagartito de peluche", aludiendo a un símbolo usado frecuentemente por Vizcarra en sus actividades políticas, lo que el fiscal interpretó como un indicio de su implicancia en los hechos investigados.
Otro punto resaltado por Juárez fue la supuesta estrategia del expresidente para mantenerse vigente en la esfera pública. Según su exposición, Vizcarra estaría realizando actividades políticas en varias regiones del país, muchas de ellas fronterizas, bajo el argumento de ser fundador del partido Perú Primero. Para el Ministerio Público, este accionar podría configurar un riesgo de fuga, especialmente si se utiliza el discurso de persecución política como escudo frente a las restricciones legales que pesan en su contra.
En respuesta a los cuestionamientos sobre los ingresos económicos de Vizcarra, el abogado defensor explicó que su patrocinado trabaja como asesor político y como ingeniero en una empresa familiar, aunque mostró vacilaciones al precisar montos y sustentos documentarios. Esta falta de claridad también fue observada por el juez, quien exigió mayor precisión. Por ahora, la audiencia continúa y se espera que en los próximos días se defina si el expresidente será sometido a prisión preventiva por un periodo de seis meses, como solicita la Fiscalía, o si se optará por una medida alternativa.
