Fiscalía pide suspender peajes de Línea Amarilla en investigación del caso Lava Jato
El Equipo Especial Lava Jato solicita el cese del cobro de peajes en varios puntos de Lima y el nombramiento de Emape como administrador judicial.
El Equipo Especial Lava Jato solicita el cese del cobro de peajes en varios puntos de Lima y el nombramiento de Emape como administrador judicial.
En un nuevo desarrollo del caso Lava Jato, el Primer Despacho del Equipo Especial, encabezado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, ha solicitado al Poder Judicial la suspensión de los cobros de peaje en diversos puntos de la ciudad operados por la concesionaria Línea Amarilla S.A.C., actualmente Lima Expresa.
La medida afecta a peajes ubicados en importantes puntos de tránsito como la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé y los sectores Estadio, Ejército y Huánuco.
Junto con la suspensión de cobros, el Equipo Especial ha solicitado que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes (Emape S.A.), asuma la administración judicial de estos peajes.
La intención, según lo planteado por la Fiscalía, es que Emape supervise y custodie los bienes y recursos del contrato de concesión hasta que concluya la investigación. Esta medida preventiva busca proteger los intereses de la ciudadanía y el Estado en medio de las indagaciones sobre la gestión de la concesionaria durante el período de la exalcaldesa Susana Villarán.
MEDIDAS EN EL MARCO DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
La solicitud del Equipo Especial Lava Jato se ampara en el artículo 313 del Código Procesal Penal, que permite aplicar medidas preventivas en casos de investigación por delitos graves.
Este pedido es una de las acciones más recientes en las investigaciones que involucran a la empresa Línea Amarilla S.A.C. y Constructora OAS, bajo la sospecha de haber participado en actos de corrupción en colaboración con la administración municipal de Susana Villarán.
La investigación busca determinar la presunta relación entre la gestión de Villarán y las concesiones otorgadas a estas empresas, en lo que se considera uno de los casos más importantes en el escándalo de Lava Jato en Perú.
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