La Corte Suprema de Justicia emitió el Acuerdo Plenario N° 05-2023/CIJ-112, en el cual se trata el tema de la suspensión de la prescripción penal y los problemas surgidos a raíz de la aprobación de la Ley 31751, también conocida como 'Ley Soto', impulsada por el congresista Alejandro Soto.
Según el documento, la Ley 31751, aprobada el 25 de mayo de 2023, presenta dificultades en su interpretación y aplicación judicial, y se considera desproporcionada e inconstitucional.
En este sentido, la Corte Suprema insta a los jueces de instancias inferiores a no aplicar la Ley 31751 al resolver los casos que se les presenten.
El Acuerdo Plenario destaca que los jueces deben priorizar el cumplimiento de la norma constitucional que protege la seguridad pública o ciudadana, el valor de la justicia material y la tutela jurisdiccional, tal como lo establece el artículo 138, segundo párrafo, de la Constitución.
¿EN QUÉ SE BASA LA LEY SOTO?
La Ley 31751 modificó el artículo 84 del Código Penal, que se refiere a la suspensión de la prescripción de los delitos, estableciendo un límite máximo de un año para dicha suspensión.
Esta modificación, aprobada en mayo de este año, ha generado controversia debido a los supuestos beneficios otorgados al presidente del Congreso, así como al expresidente Martín Vizcarra y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
