El Poder Judicial (PJ) dictó una orden de comparecencia con restricciones por 36 meses para la empresaria Karelim López como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Provías Descentralizado - Puente Tarata.
El juez Manuel Chuyo Zavaleta dictó la medida, y acogió en parte el pedido presentado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a fin de garantizar la participación de la empresaria en la investigación preparatoria.
PEDIDO ADMITIDO EN PARTE
El magistrado dispuso que López Arredondo cumpla con reglas de conducta, como no acudir a las instalaciones de Provías Descentralizado o del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no comunicarse con sus coninvestigados o testigos del caso, además del pago de una caución de S/ 10 000.
No obstante, desestimó el extremo del requerimiento fiscal para que Karelim López no se ausente de su lugar de residencia sin autorización judicial y que se presente ante el juzgado el último día de cada mes, a fin de que justifique sus actividades.
Sobre esto, el juez Manuel Chuyo indicó que Fiscalía no presentó un dato objetivo que dé cuenta sobre el peligro de fuga de Karelim López y que, por el contrario, se verifica su sometimiento a la investigación fiscal. Asimismo, remarcó que la lobbista afronta un impedimento de salida del país de 8 meses por este caso.
OTROS INVESTIGADOS
El juez también acogió el pedido de la fiscal Zecenarro para imponer comparecencia con restricciones por 36 meses a los empresarios Marco Pasapera Adrianzen, Héctor Pasapera López, Alcides Villafuerte Vizcarra y Víctor San Miguel Velásquez.
Investigados por el mismo caso, se dispuso el pago de forma individual de cauciones de entre 10 y 15 000 nuevos soles.
NOTA PREVIA
En el marco del caso Puente Tarata, el Poder Judicial evalúa hoy desde las 11:30 a.m. el pedido de la Fiscalía para imponer comparecencia con restricciones a un grupo de cinco investigados, entre ellos la empresaria Karelim López. Así consta en la citación a audiencia a la que tuvo acceso El Comercio.
Este requerimiento fue presentado junto al pedido de prisión preventiva contra otros siete procesados, como Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Pedro Castillo: Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo. Esa solicitud fue resuelta la semana pasada por el juez Manuel Chuyo.
También se programó para este jueves la audiencia para evaluar la imposición de restricciones contra Karelim, los empresarios Marco Pasapera Adrianzén y Héctor Pasapera López, el ex representante legal del consorcio Puente Tarata III Víctor Rony San Miguel Velásquez y el exfuncionario de Provías Alcides Villafuerte.
¿POR QUÉ SON INVESTIGADOS?
Todos ellos son investigados junto a Bruno Pacheco, Zamir Villaverde, Gian Marco Castillo Gómez, Fray Vásquez Castillo, Luis Pasapera Adrianzén, Víctor Valdivia Malpartida y Édgar Vargas Más. Se les imputa la presunta comisión del delito de colusión agravada como parte de una supuesta organización criminal.
La obra bajo investigación es la construcción del Puente Tarata sobre el río Huallaga, San Martín, que se concedió al consorcio Puente Tarata III. Para el Ministerio Público, esta concesión se dio por irregularidades vinculadas a una supuesta organización criminal que buscó copar entidades como Provías Descentralizado para direccionar el otorgamiento de obras.
Según la tesis fiscal, la supuesta mafia habría estado encabezada por el propio jefe de Estado. Parte de este documento se basa en las declaraciones dadas por Karelim López a la fiscalía anticorrupción, las cuales son similares a la que dio la empresaria a la fiscalía de lavado de activos como parte de un proceso de colaboración eficaz.
