Este martes, el Poder Judicial declaró “fundada en parte” la acción de amparo que interpuso el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en contra de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la República y el Ministerio de Salud, para permitir la compra e importación de vacunas contra el covid-19 por parte del sector privado.
De esta manera, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de La Molina y Cieneguilla autorizó a las empresas privadas a que puedan importar vacunas “para su distribución gratuita a su personal y a sus familiares directos, pudiendo realizar la inoculación respetando los protocolos de higiene y seguridad que establece el Minsa”.
Asimismo, exhortó a la PCM a reglamentar de “manera clara y precisa” el procedimiento que las empresas deben seguir para la obtención de este fármaco. Pidió al Ejecutivo trabajar de forma conjunta con los gobiernos regionales y locales, a fin de procurar que este año se culmine con la vacunación de las personas de entre 18 y 59 años.
IMPORTACIÓN CON FINES COMERCIALES
Sin embargo, el Poder Judicial declaró infundada la demanda en el extremo de ordenar la liberalización total de la importación de vacunas para su libre comercialización sin sujeción a los requisitos sanitarios. También se descarta permitir a los gobiernos regionales y locales la importación de dosis contra el covid-19.
