La discusión legislativa sobre la creación de una autoridad autónoma que asumiría la administración de Machu Picchu ha encendido las alertas entre los principales gremios empresariales del Cusco. A través de un pronunciamiento, la Cámara de Comercio, la Cámara Regional de Turismo y otras organizaciones vinculadas al sector advirtieron que el proyecto podría afectar la sostenibilidad operativa del principal atractivo turístico del país, debido a la ausencia de una visión técnica y la exclusión de entidades especializadas en gestión patrimonial.
Preocupación por estructura de gobernanza y criterios técnicos
La iniciativa plantea que el gobernador regional del Cusco encabece el nuevo organismo, lo que ha generado rechazo en parte del sector privado, que cuestiona la capacidad demostrada por la entidad regional para enfrentar crisis recientes vinculadas al acceso al santuario. No obstante, el congresista Luis Ángel Aragón defendió la propuesta, señalando que fue el propio Gobierno Regional quien solicitó mayor participación en la toma de decisiones. El parlamentario también sugirió evaluar la incorporación de representantes del sector privado para equilibrar el futuro directorio.
Los gremios, sin embargo, recalcan que los problemas actuales en Machu Picchu revelan una administración debilitada y con conflictos no resueltos, como la disputa entre empresas de transporte que operan la ruta hacia el santuario y que generan constantes quejas de operadores turísticos y visitantes. Sostienen que otorgar mayor poder de decisión sin asegurar criterios técnicos podría profundizar estas dificultades.
A pesar de las diferencias, el debate continuará en la Comisión Permanente del Congreso, a la espera de definiciones sobre la estructura final de la autoridad propuesta. Mientras tanto, especialistas locales subrayan la necesidad de priorizar el interés público y blindar la gestión de la ciudadela frente a presiones políticas y disputas comerciales que han afectado repetidamente su operación.
