La masacre de los 13 agentes de seguridad en Pataz ha tomado un giro alarmante. Según un testigo clave que se presentó ante la Fiscalía, las víctimas trabajaban para una empresa de seguridad informal denominada "R y R", que aparentemente estaba dirigida por dos efectivos policiales en actividad. Esta empresa, que oficialmente no existe y no está registrada en los registros públicos, habría operado en la sombra, cumpliendo funciones de seguridad para otras empresas vinculadas al sector minero.
Luis Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, confirmó la información proporcionada por un testigo que, con código de reserva, afirmó haber trabajado junto a las víctimas y conocer detalles sobre el entorno de trabajo de los agentes de seguridad. Esta empresa fantasma, "R y R", no está formalmente registrada y, según Bringas, materialmente estaría bajo la dirección de policías activos, lo cual está prohibido por la ley.
Investigaciones y el cambio en la hipótesis del caso
La Fiscalía también ha comenzado a modificar la hipótesis sobre el caso, descartando que se tratara de un secuestro, ya que los cuerpos de las víctimas presentaron signos de haber sido asesinados alrededor de 8 días antes del hallazgo, lo que sugiere que las muertes fueron inmediatas y no parte de una negociación o retención prolongada.
Por otro lado, la figura de Miguel Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", quien es señalado como el presunto autor intelectual de la masacre, ha complicado aún más la investigación. A pesar de que se rumoreaba que "Cuchillo" podría haber sido detenido en Colombia, la Fiscalía de La Libertad desmintió esta versión, indicando que nunca había sido arrestado ni vinculado a ningún proceso judicial en el 2023 o 2024.
