En medio de una creciente ola de inseguridad que afecta a diversas regiones del país, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, ofreció declaraciones en las que calificó las actividades de las organizaciones criminales como "terrorismo urbano". Sin embargo, estas palabras llegan en un contexto donde su gestión enfrenta serios cuestionamientos, y la credibilidad del titular del sector se encuentra debilitada por la falta de resultados concretos y denuncias de inacción.
"Lo que persiguen estas organizaciones criminales es implantar el terror (...), la conducta delictiva tiene como intención no solamente causar el terror y advertir a las posibles víctimas, sino también ejecutar un plan de disputa entre organizaciones por el liderazgo de mercados criminales", señaló Santivañez. Este tipo de declaraciones, aunque firmes en tono, contrastan con la percepción ciudadana sobre el accionar del gobierno frente al crimen organizado.
El ministro defendió la importancia de calificar estas acciones como terrorismo, argumentando que ello permitiría un tratamiento más severo y especializado por parte de la justicia. Según Santivañez, esta medida permitiría que los casos sean manejados por fiscales y jueces expertos en terrorismo, con procedimientos más estrictos, incluyendo reclusiones iniciales de hasta 15 días y penas que podrían cumplirse en penales de máxima seguridad como la Base Naval o la Dinoes.
No obstante, este planteamiento ha sido recibido con escepticismo por especialistas y la opinión pública, quienes cuestionan si la gestión actual tiene la capacidad de llevar a cabo estas promesas con eficacia. A pesar de que el ministro mencionó que se han reforzado las unidades de inteligencia y se han detenido a líderes de organizaciones criminales como "El Monstruo" y "Los Pulpos", el impacto real de estas acciones sobre la seguridad ciudadana sigue siendo limitado.
El ministro Santivañez se encuentra bajo el escrutinio público debido a las cifras crecientes de criminalidad, las constantes denuncias sobre la precariedad en las instituciones de seguridad y la falta de un liderazgo claro en el sector. A pesar de anunciar medidas como el plan de control territorial y la asignación de nuevos efectivos, las percepciones ciudadanas reflejan una sensación de abandono frente a un problema que sigue escalando.
La calificación de estas actividades como "terrorismo urbano" ha abierto un debate entre quienes consideran que este término podría desviar la atención de las fallas estructurales del sistema de seguridad. En lugar de abordar las raíces del problema, como la corrupción dentro de las fuerzas policiales y la debilidad de las políticas públicas de prevención, estas declaraciones son vistas por algunos como una estrategia discursiva más que una solución efectiva al problema.
