La criminalidad vinculada a la minería ilegal sigue ganando terreno en el Perú. Desde el derribo de torres de alta tensión con dinamita hasta el secuestro de 15 trabajadores de empresas formales, los actos delictivos en zonas mineras, especialmente en Pataz, La Libertad, evidencian la incapacidad del Gobierno para controlar esta problemática. Según denuncias, túneles y fosas con cadáveres han sido encontrados en la región, dejando en claro la peligrosidad del sector informal, tal como lo señaló Roque Benavides, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
El Congreso de la República amplió la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una medida que ha sido duramente criticada por facilitar la protección de mineros ilegales bajo el paraguas de la formalización. Mientras algunos congresistas, como Jorge Montoya, defienden la medida, otros, como José Cueto, reconocen que fue un error, advirtiendo que perpetuar esta normativa solo fortalecerá las actividades ilegales y su influencia en el Estado.
Para Benavides, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido ineficientes al enfrentar la informalidad minera. El exlíder gremial sostiene que esta inacción ha permitido no solo el crecimiento de la minería ilegal, sino también su infiltración en el ámbito político, donde mineros informales podrían estar financiando campañas o ejerciendo influencia en el Congreso. La falta de propuestas concretas para combatir esta problemática refuerza la percepción de un Gobierno superado por los desafíos.
SITUACIÓN CRÍTICA EN PATAZ
La situación en Pataz es especialmente crítica, con 16 atentados registrados contra la Minera Poderosa, el último de ellos el pasado domingo 12 de enero. Pese a que la región está bajo estado de emergencia desde febrero de 2024, la inseguridad y los actos vandálicos no cesan, dejando en evidencia la necesidad urgente de una estrategia integral para enfrentar la minería ilegal y sus nefastas consecuencias.
