El viceministro de Justicia, Juan Alcántara, y el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, se apresuraron a expresar sus condolencias a la familia de la abogada asesinada, Fanny Hernández.
En un compromiso público, aseguraron que se están redoblando esfuerzos para garantizar que el violento incidente no quede sin justicia. Esta tragedia ha desencadenado una operación exhaustiva en el penal de Chincha, donde al menos 30 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) han sido desplegados para asegurar cada sector del establecimiento y prevenir futuros actos delictivos.
El brutal ataque que sacudió a la comunidad ocurrió en los exteriores del penal, justo en la entrada, donde sicarios emboscaron a Hernández y a un docente de carpintería, dejándolos gravemente heridos.
Según explicó Llaque, los hechos sucedieron antes de las 8:00 a.m., cuando ambos fueron tiroteados por un individuo en motocicleta. Hernández fue alcanzada por balas en el cuello y falleció poco después en el hospital San José, mientras que el docente, aunque gravemente herido, sobrevivió y se recupera tras una operación.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Se especula que el ataque fue una represalia por recientes cambios administrativos en el penal, incluyendo el traslado de ciertos internos clave a instalaciones de máxima seguridad. Llaque refirió que a pesar de los recientes ajustes, incluyendo el cambio de director del penal, no había indicaciones previas de amenazas hacia los afectados.
Sin embargo, el incidente ha puesto en evidencia la volátil seguridad en torno al penal y ha impulsado una revisión y fortalecimiento de las estrategias de protección tanto para el personal como para los internos.
