Tras la reanudación de las protestas en el país, el miércoles 4 de enero, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que tenían información sobre el presunto financiamiento ilícito de las movilizaciones en determinadas regiones.
“Se ha identificado a aquellos que puedan financiar estas actividades […], procedentes del narcotráfico y la minería ilegal”, dijo Chávez Cresta, respecto a las protestas que ya dejan 28 muertos y 650 heridos de distinta consideración.
Los azuzadores
Al respecto, se conoció que tres impulsores de las manifestaciones en Ica, San Martín y Ucayali fueron denunciados, investigados o purgaron prisión por haber estado implicados en el tráfico drogas, de acuerdo con el informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del Ministerio del Interior.
Juan Gonzales Loayza, dirigente en el sector de Barrio Chino, en Ica, es considerado uno de los principales azuzadores de las protestas. Según el Ministerio Público, registra nueve investigaciones en las cuales tiene la condición de imputado o denunciado, informa El Comercio.
Diversos delitos
Además, en el reporte de la fiscalía se consigna que en el 2015 fue sentenciado por apropiación ilícita. Y se añade que, por hechos del 2021 y 2022, es investigado por “formas agravadas de usurpación [usando armas de fuego, explosivos u otro instrumento]”.
También figura en el informe del Ministerio del Interior el nombre de Presvítero Ocupa Ocupa, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de la región San Martín, una de las organizaciones que se han sumado a las protestas.
Red internacional
La policía identificó a Ocupa como parte de una red internacional en la que este se encargaba de conseguir y transportar droga. Junto con él fueron investigados otros peruanos y extranjeros, cuyas identidades reales no llegaron a establecerse. Estuvo preso y el 2011 salió en libertad.
En tanto, en Ucayali, Héctor Miranda, dirigente de la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente, también tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico, señala una investigación del referido diario.
Extorsión y secuestro
En febrero del 2003, el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Diotad) de Pucallpa investigó a Miranda Sánchez, por tráfico ilícito de drogas. Desde el 2002, ya tenía dos denuncias en la fiscalía de Ucayali por hurto, extorsión, secuestro, incendio y disturbios.
(Con información de El Comercio)
