El juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria con Sede en Acobamba, Huancavelica, declaró fundado en parte el hábeas corpus presentada a favor de Vladimir Cerrón Rojas, respecto a las resoluciones judiciales que en primera y segunda instancia lo sentenciaron por delitos de corrupción. Con esta decisión, declaró nula ambas sentencias y ordenó un nuevo pronunciamiento.
“Se declaran nulas la sentencia N° 041-2019-5JUP/CSJJU del 5 de agosto del 2019, expedida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Junín, que sentencia al beneficiario Vladimir Roy Cerrón Rojas por el delito de negociación incompatible en agravio de El Estado Peruano – Gobierno Regional de Junín, Exp. 01122-2018-27-1501-JR-PE-05; y, la sentencia de vista N° 091-2019-SPAT del 18 d e octubre del 2019, que confirma la sentencia 041-2019 en cuanto a la responsabilidad penal del sentenciado Vladimir Roy Cerrón Rojas”, señala.
El magistrado, en la resolución emitida este miércoles 9 de junio, ordena que el Juez del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializada en Corrupción de Funcionarios “emita nuevo pronunciamiento en el plazo de ley”. “Para cumplir con reponer las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho fundamental conculcado del beneficiario Vladimir Cerrón”, agrega. Precisa que la ejecución de este fallo es inmediato.
CASO CERRÓN
El 5 de agosto del 2019 Cerrón junto a Henry Fernando López Cantorin, Carlos Arturo Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyo, fueron sentenciados por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado, en el caso de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”. A cada uno de los responsables se le impuso cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad, un año de inhabilitación y el pago de S/ 850.000 como reparación civil.
El 18 de octubre, la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios confirmó la sentencia e inhabilitación contra los imputados como autores del delito de contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado, así como el pago de la reparación civil en el plazo máximo de seis meses. Sin embargo, la Sala revocó la pena de cuatro años y ocho meses de pena efectiva, reformulándola a cuatro años de prisión suspendida por el periodo de prueba de tres años para todos los sentenciados bajo reglas de conducta.
