El Decreto de Estado de Emergencia anunciado por el presidente Martín Vizcarra, establece que las empresas de servicios de telecomunicaciones de primera necesidad podrían seguir operando. Sin embargo en un local de Chiclayo y en otros tantos en Lima se acogieron irresponsablemente de esta norma para mantener en marcha call centers dedicados a la venta de productos y servicios que no correspondían a la ayuda de urgencia ni asistencia médica para responder ante la crisis sanitaria que vive en país.
La Fiscalía y Policía Nacional del Perú llegó hasta un call center ubicado en el Centro de Lima dónde cientos de personas trabajaban sin contar con medidas de higiene necesarias. El mismo escenario se presentó en Lince y Surquillo donde autoridades también intervinieron estos establecimientos. Se evidenció que al menos 500 teleoperadores estaban a menos de un metro de distancia uno de otro y exponían sus vidas para llegar desde zonas alejadas.
Los responsables de los call centers no midieron el peligro que corrían sus trabajadores, a quienes los expusieron a laborar exponiéndolos al riesgo de contraer el coronavirus. Los trabajadores de estas empresas fueron enviados a casa y los call canters podrían recibir una multa de 200% de una UIT que equivale a 8600 soles.
