Ante las recientes agresiones a agentes policiales, el represente de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, indicó que estas faltas a la autoridad sería culpa del Poder Judicial tras un acuerdo plenario donde se habría acordado flexibilizar las penas.
“La Corte Suprema en el año 2016 sacó un acuerdo plenario. Cuando el policía en su función se le lanza escupitajos, insultos no pueden ser considerados como agravantes. Si observan de que los agresores a la policía están bajo efectos del alcohol, igual tiene que ser un efecto atenuante. Este acuerdo plenario es quitarle autoridad al policía”, manifestó.
Dicho acuerdo que diferencia una falta de un delito en su forma agravada y que fue firmado por jueces supremos como César Hinostroza, Javier Villa Stein y Víctor Prado Saldarriaga fue rechazado por la ciudadanía, quienes señalan que debería haber una sanción ante cualquier tipo de falta a la autoridad.
Por su parte, Víctor Prado Saldarriaga, expresidente del Poder Judicial, descartó que el objetivo de este acuerdo plenario sea dejar sin castigo a los agresores de policías.
“Lo que hace el acuerdo plenario es hacer las diferencias entre las distintas formas de agresión. Pero la magnitud de las penas estará en función a la magnitud del tipo de daño. Sería un delito si yo golpeo al policía, si yo le empujo. Distinto sería si le digo no le voy a escuchar, no le voy hacer caso, eso es una falta”, aseguró.
Asimismo, precisó que la medida buscar proporcionalidad a raíz del caso de Silvana Buscaglia, una mujer que fue sentenciada a 8 años de prisión por agredir a un efectivo en el aeropuerto Jorge Chávez.
Para el abogado penalista, Julio Rodríguez, el agresor de un policía no estaría libre de enfrentar un proceso por violencia y resistencia a la autoridad a pesar de ser liberado.
Además, propone que quienes atacan a un efectivo cumplan sanciones como servicio a la comunidad, pues asegura que en muchos casos esta clase de castigos funcionan muy bien en otros países. Sin embargo, el mismo no se concreta por falta de implementación y políticas de gobierno.
