En los últimos días, han ocurrido casos de delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial, en las cuales se ha impuesto penas de privativas de la libertad que han generado debate en la opinión pública, respecto a la proporcionalidad de la misma. Se vienen manifestando conductas delictivas contra los miembros de la Policía Nacional del Perú, lo que vienen generando un fuerte impacto en la sociedad.
Frente a uno de estos casos, el Ministerio Público abrió investigación contra los cuatro jóvenes que se resistieron a ser intervenidos y lanzaron insultos racistas contra tres agentes de la Policía Nacional, en La Punta, en el Callao. El incidente fue registrado en un video y ante las pruebas la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao abrió una investigación por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad.
Otro caso similar, fue el ocurrido en el frontis del Poder Judicial, en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, donde un agente policial denunció haber sido agredido por un colectivero durante un operativo. Durante la diligencia el agente policial solicitó sus documentos a un conductor quien al ver la grúa, éste habría intentado darse la fuga, arrollando el pie del agente.
El delito de desobediencia y resistencia a la autoridad se encuentra previsto en el artículo 368 del Código Penal, que sanciona la conducta del agente que no cumple u obstruye la orden impartida por la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Estas figuras penales tienen como finalidad combatir las conductas obstruccionistas de las personas frente a los actos ejecutivos de la administración pública, que pone en marcha el aparato estatal para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y el bien común de las personas
En los estudios de 24 Horas Mediodía, el ex director de Defensa Legal de la Policía Nacional Perú, general (r) Máximo Ramírez, señaló que estas situaciones como el caso de las jóvenes que insultaron a los agentes del orden esta bien que la la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao abrió una investigación por los presuntos delitos de violencia y resistencia a la autoridad, pero no han perdido la prisión preventiva ya que este delito de violencia y resistencia a la autoridad tiene una pena de 8 a 12 años de pena privativa de la libertad.
Según el general y hombre de leyes esto sucede porque desde junio de 2016 para adelante la Corte Suprema de la República sacó el acuerdo plenario Nº 001-2016 , donde la Corte estableció las pautas necesarias para la tipificación y determinación judicial de la pena, en el delito de violencia y resistencia contra la autoridad policial, ya que esto perjudicaría a los policías y los discriminándolos de alguna manera.
El director de Defensa Legal de la PNP agregó que este acuerdo no solo hace daño a los policías sino a la sociedad en general en nuestro país.
