La fiscalía decidió no cerrar el hostal Toro Bravo, de propiedad del congresista Víctor Grandez, vinculado a denuncias de explotación sexual de menores de edad. Esta determinación generó la protesta de los pobladores en Iquitos.
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“La Jauría” ahora cobraría por usar su nombre a pequeñas mafias de extorsionadores |