La Defensoría del Pueblo alertó sobre la excesiva duración de las investigaciones fiscales por lavado de activos y los efectos que estos procesos pueden generar sobre las personas involucradas. Según el Informe N.° 286, entre 2019 y 2025 el Ministerio Público registró 6.616 investigaciones financieras por este delito, pero únicamente 234 culminaron con una sentencia condenatoria en primera instancia.
El documento advierte que algunas investigaciones pueden extenderse durante 17 o incluso 24 años sin una decisión definitiva. Durante ese periodo, las personas investigadas pueden enfrentar restricciones económicas y dificultades para acceder al sistema financiero, como la imposibilidad de obtener créditos, ampliar líneas de tarjetas o abrir cuentas bancarias.
La Defensoría también puso especial atención en las medidas que afectan el patrimonio de los investigados, entre ellas el congelamiento de cuentas y bienes, debido al impacto económico que pueden ocasionar. Asimismo, el informe señala problemas de coordinación entre las autoridades y dificultades para acceder oportunamente a información de entidades como RENIEC, SUNARP, SUNAT, SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera y Migraciones.
¿SE AFECTA LA SEGURIDAD JURÍDICA?
Finalmente, el organismo sostuvo que una investigación puede comenzar a partir de una sospecha legítima, pero no debería prolongarse indefinidamente. Advirtió que el uso de estos procesos con fines políticos, comerciales o empresariales podría afectar la seguridad jurídica, mientras que una investigación prolongada sin resolución puede terminar generando una especie de condena social y económica aun cuando no exista una sentencia judicial.