El megaoperativo ejecutado por la Policía Nacional contra la presunta organización criminal "La Red del Silencio" dejó al descubierto la supuesta participación de un trabajador del Ministerio Público. Se trata de Rafael Reyes, asistente de la Fiscalía Mixta Corporativa de El Agustino, quien fue detenido el pasado 24 de junio por orden judicial al ser investigado como presunto gestor financiero de una red dedicada a extorsionar a empresas de transporte que operaban en el Fundo Oquendo, entre Lima Norte y el Callao.
Tras recuperar su libertad junto a otros 17 investigados, Reyes rechazó las acusaciones y sostuvo que fue víctima de una suplantación de identidad. Según afirmó, las billeteras digitales que la Policía vincula con el cobro de cupos extorsivos no le pertenecen y aseguró que su cuenta de Yape fue revisada durante las diligencias sin encontrarse evidencias que lo relacionen con la organización criminal. Además, sostuvo que delincuentes habrían utilizado un número telefónico ajeno para asociar su nombre a las transacciones investigadas.
De acuerdo con la investigación policial, la organización habría extorsionado a transportistas de empresas como Translima, además de operadores del transporte formal e informal y de la empresa Holding Real Express, obteniendo ganancias ilícitas cercanas a los dos millones de soles. Durante el operativo fueron intervenidas 25 personas y, según la Policía, existen videos de seguridad que muestran a integrantes de la banda recolectando dinero en efectivo de los conductores y trasladándolo hasta un establecimiento donde se concentraban los pagos diarios.
EVALÚAN PEDIR PRISIÓN PREVENTIVA
No obstante, algunos trabajadores y allegados a los investigados acudieron a la sede de la Dirincri para sostener que el dinero que cobraban correspondía únicamente a un pago por despacho de unidades. Esta versión fue descartada por las autoridades. El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, afirmó que las investigaciones incluyen procedimientos especiales y registros audiovisuales que demostrarían la realización de cobros ilícitos constitutivos de extorsión. Con estas evidencias, la Fiscalía evalúa solicitar 36 meses de prisión preventiva para los presuntos integrantes de la organización criminal.